El regreso de los mexicanos de Gaza y el silencio

El regreso de los mexicanos atrapados en Gaza es una buena noticia, pero también un recordatorio de todo lo que no se ha dicho. El rescate diplomático funcionó: la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que los connacionales salieron por el paso de Rafah y fueron recibidos por autoridades egipcias antes de su repatriación. Hubo coordinación con Naciones Unidas y una gestión consular rápida. Pero detrás de esa eficiencia hay un silencio incómodo. El gobierno mexicano cumplió con el deber inmediato de proteger a los suyos, aunque ha evitado pronunciarse sobre el contexto que los puso en riesgo: una guerra que Naciones Unidas describe como una “catástrofe humanitaria sin precedentes”.

            El secretario general António Guterres lo ha repetido ante el Consejo de Seguridad: “Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños”. La frase no es retórica. Según datos verificados por la ONU, más de la mitad de las víctimas son menores de edad, y el sistema de salud está colapsado. En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierte que el bloqueo impide el ingreso de ayuda básica, lo que ha dejado a cientos de miles de personas al borde de la hambruna. Todo esto ocurre bajo el marco de la ley internacional que prohíbe los castigos colectivos y protege a la población civil incluso en tiempos de guerra.

            México, signatario de la Carta de Naciones Unidas y del Cuarto Convenio de Ginebra, conoce bien esas obligaciones. Pero en los hechos ha optado por una postura prudente, casi de contención diplomática. Desde octubre del año pasado, cuando el conflicto se intensificó, la ONU ha multiplicado las resoluciones para exigir un alto al fuego humanitario inmediato, el acceso sin restricciones de ayuda y la protección de los trabajadores humanitarios. México ha votado consistentemente a favor, pero no ha acompañado esas resoluciones con una voz política clara.

            Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, lo advirtió en un comunicado reciente: “El castigo colectivo no puede normalizarse. Gaza se ha convertido en un lugar de muerte y desesperación, y la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado.” Esa frase, dirigida a las potencias que bloquean o justifican la ofensiva, alcanza también a los gobiernos que eligen la cautela como política exterior.

            El regreso de los mexicanos fue posible gracias a la coordinación con Egipto y al acompañamiento de Naciones Unidas. Pero esa misma ONU —la que garantizó el corredor humanitario— es la que hoy pide una condena inequívoca contra la violencia que hace imposible la vida en Gaza. Y ahí México guarda distancia. El canciller ha evitado calificar las acciones israelíes como violaciones al derecho internacional humanitario, limitándose a expresar “preocupación” y “llamados al diálogo”.

            Esa prudencia puede entenderse como una estrategia para mantener canales diplomáticos abiertos. Pero también puede leerse como un síntoma de parálisis. En la práctica, México no ha utilizado su asiento en el Consejo de Derechos Humanos para exigir responsabilidades ni ha impulsado una posición regional común en el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC). La ONU ha insistido en que el silencio diplomático, frente a una violación sostenida de derechos humanos, puede interpretarse como aquiescencia.

            Mientras tanto, la situación sobre el terreno sigue deteriorándose. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmó que más del 70% de las viviendas en Gaza han sido destruidas o dañadas, y que la infraestructura médica opera con menos del 10% de sus recursos básicos. Naciones Unidas habla ya de un “colapso funcional de la vida civil”. En ese escenario, el regreso de un grupo de nacionales es apenas una anécdota dentro de una crisis que ha desplazado a más de un millón y medio de personas.

            México tiene una tradición de política exterior sustentada en principios: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. Pero también posee una historia paralela de solidaridad humanitaria: la acogida de exiliados españoles, chilenos y argentinos; la defensa del derecho de asilo en tiempos de guerra. Esa tradición no contradice la prudencia diplomática; la complementa. Sin embargo, en el caso de Gaza, esa voz se ha vuelto apenas audible.

Naciones Unidas ha sido clara: los Estados deben usar todos los medios diplomáticos para detener violaciones graves del derecho internacional. No basta con enviar ayuda o facilitar evacuaciones. Se requiere condenar, investigar y exigir rendición de cuentas. En ese punto, la diplomacia mexicana parece detenerse justo antes del límite. El gobierno celebra haber traído de vuelta a sus ciudadanos, pero no asume públicamente que los riesgos que enfrentaron son producto de un bloqueo que la ONU califica como ilegal.

            En el fondo, la repatriación de los mexicanos no debería entenderse como el cierre de un expediente, sino como el inicio de una reflexión mayor sobre el papel del Estado mexicano en crisis humanitarias de esta magnitud. Porque si México solo actúa cuando sus ciudadanos están en peligro, reduce su política exterior a un ejercicio de autoprotección. Y si solo alza la voz cuando no hay costo político, diluye la fuerza de sus principios históricos.

            La ONU ha recordado, con insistencia, que el conflicto en Gaza no es un asunto regional, sino una prueba del sistema multilateral. Cada Estado, grande o pequeño, tiene una responsabilidad en el sostenimiento del derecho internacional humanitario. México, por su historia y por su tradición diplomática, podría ser una de esas voces morales que hoy escasean. Pero para eso necesita abandonar la comodidad del lenguaje neutro y reconocer que la neutralidad, cuando se trata de vidas humanas, puede parecer demasiado a la omisión.

            El regreso de los mexicanos de Gaza muestra lo que el Estado puede hacer cuando actúa rápido y con precisión. Pero también revela lo que aún no hace cuando la tragedia no lleva pasaporte mexicano. En ese contraste está el verdadero reto de la política exterior: decidir si la solidaridad es una reacción o un principio.