Por Naldy Rodríguez
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6 min A casi 19 años de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de Veracruz, un tribunal internacional determinó que la violación sexual que sufrió, las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron su deceso.
Fue en la época de Felipe Calderón cuando ocurrieron los hechos. En la sierra de Zongolica, donde se instaló uno de tantos campamentos castrenses, Ernestina de 73 años, trabajaba en el campo y aún con vida alcanzó a decir que fueron varios elementos del Ejército los responsables de su aberrante violación.
Después de un viacrucis, donde privó la desatención y omisión en varios centros de salud de Veracruz, la mujer murió en el hospital regional de Río Blanco, horas después de la violación tumultuaria.
Aunque al inicio de las investigaciones, la entonces Procuraduría de Justicia de Veracruz no descartó la violación sexual, días después cerraron la investigación, diciendo que murió de “causas naturales”, a causa de una enfermedad parasitaría y gastritis.
El caso fue admitido, primero, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2017 y, en el 2023, el asunto llegó a la Corte IDH. La sentencia que se notificó públicamente es vinculante para México, por lo que deberá ser acatada a más tardar un año.
El tribunal concluyó que México incumplió el deber de investigar con la debida diligencia este caso y garantizar el acceso a la justicia de las hijas e hijos de la señora Ernestina Ascencio. Es decir, que se violaron los derechos a las garantías judiciales, igualdad y no discriminación, así como el deber de tomar medidas para evitar la violencia contra la mujer y actos de tortura.
El único derecho que consideró a salvo fue el de acceso a la información pública. Aquí, cabe mencionar que, el extinto órgano de transparencia en Veracruz ordenó -en el 2022- a la Fiscalía General del Estado que entregara toda la carpeta de investigación, testando únicamente los datos personales relativos a particulares, que no tenían el carácter de servidores públicos.
“El estado no es responsable por la violación del derecho de acceso a la información reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de la presunta víctima identificada como BJ”, declaró el Vicepresidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch.
Es importante destacar que, detrás de esta sentencia internacional, se encuentran las abogadas y abogados para la Justicia de Derechos Humanos, integrantes del Centro Heriberto Jara y de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica.
Se está luchando aún por construir la verdad histórica, pero la aceptación (porque México ya había reconocido parcialmente su culpa) y ahora el reconocimiento internacional de responsabilidad, significan un avance para alcanzar la justicia y los esfuerzos no deben parar hasta que se conozca fehacientemente lo que ocurrió aquel 25 de febrero de 2007 y en las horas sucesivas, para reivindicar a Ernestina Ascencio, a su familia y a Veracruz.
La Corte IDH determinó violaciones graves en contra de la mujer veracruzana y su familia. El único derecho que consideró a salvo fue el de acceso a la información pública
La derechización no siempre irrumpe con estruendo: muchas veces avanza como una niebla que diluye los límites y se disfraza de neutralidad.
La Seguridad Pública y Derechos Humanos no se oponen: se complementan. En México, la seguridad solo es legítima si protege la dignidad humana y los derechos solo existen plenamente en un entorno seguro.
Sabemos que el mundo no se va a cambiar en un día, sin embrago en un día, sí se pueden hacer muchas cosas para cambiarlo. Muestra de ello fue la iniciativa impulsada por la organización Méshico, que s