La 'e' no es el enemigo: El autoritarismo que se esconde detrás de la guerra contra el lenguaje inclusivo

La reciente decisión del Congreso de Chihuahua de prohibir el llamado “lenguaje incluyente” en las escuelas, celebrada con júbilo por sectores históricamente conservadores, es mucho más que un debate gramatical, porque a la luz de la lógica meramente alfabética, quién podría pensar que un grupo de personas, con un tipo de pensamiento muy lejano a la razón, se pelearía con una letra: la ‘e’. Sin embargo, lo que vemos es que se trata de la punta de lanza de una agenda política que, bajo la máscara del “sentido común” y la “verdad biológica”, busca eliminar de la esfera pública cualquier reconocimiento a la diversidad humana. No se trata de proteger el idioma, sino de utilizar la coerción estatal para negar identidades y consolidar un orden social excluyente.

El argumento esgrimido, que no se puede decir “hígada” por hígado o “jurisprudencio” por jurisprudencia, es una caricatura burda y de mala fe. Nadie que promueva el lenguaje inclusivo propone semejantes absurdos. La propuesta es, y siempre ha sido, sobre la inclusión de personas reales. Se trata de usar herramientas lingüísticas como la “e”, el “@” o perífrasis que eviten el genérico masculino, no para destrozar el español, sino para visibilizar a quienes este mismo lenguaje ha invisibilizado históricamente.

Reducir esta discusión a una cuestión de “corrección gramatical” es ignorar voluntariamente su verdadero núcleo: el derecho a la identidad. Para las personas no binarias, aquellas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres, el reconocimiento a través del lenguaje no es un capricho “woke” o una “confusión”. Es una cuestión fundamental de dignidad. Negar sus pronombres es negar su existencia, es un acto de violencia simbólica que dice: “Tú no mereces ser nombradx, tu experiencia no es válida”, lo que esconde un pensamiento todavía más grave: “tu vida no importa”.

Sin embargo, la gravedad trasciende lo individual. Lo que estamos presenciando en Chihuahua, y recientemente en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, es una estrategia coordinada de los movimientos antiderechos. Estos grupos han identificado en el lenguaje inclusivo un “chivo expiatorio” perfecto. Es un blanco fácil para presentar una batalla cultural imaginaria y delirante, apelando al miedo y a la tradición, mientras posicionan silenciosamente una agenda más profunda: la de un Estado que decide qué identidades son legítimas y cuáles no.

Prohibir una palabra como “niñes” no protege a ningún niño de una “confusión”. Por el contrario, lo que hace es enviar un mensaje brutal a les niñes y adolescentes LGBTIQ+, especialmente a les trans y no binaries: “El Estado no los reconoce, su escuela no los protege”. Esta medida los segrega, lxs estigmatiza y lxs deja más vulnerables a la discriminación y la violencia. Es, en esencia, una ley que institucionaliza la exclusión. Pero sobre todo lo que se busca es colocar en el imaginario colectivo una pretensión patriarcal de los géneros en el que solamente puede haber dos géneros, hombre y mujer, pero no solo en términos de género, sino en términos políticos porque esta agenda de grupos antiderechos y fundamentalistas contra el lenguaje incluyente, está directamente relacionada con otra agenda que es la del movimiento INCEL y la de los discursos machistas y misóginos de personajes que hablan en contra de una supuesta feminización del mundo y que los hombres están perdiendo una batalla que deben remontar para revalorizar una masculinidad clara y profundamente violenta, misógina, machista, en contra de las mujeres, la diversidad sexual y de género y otros grupos.

Es crucial llamar a las cosas por su nombre. Esta no es una batalla por la pureza del idioma, que, por cierto, ha evolucionado constantemente a lo largo de los siglos, sino una ofensiva política contra los derechos humanos. Al erigirse en guardianes de un supuesto orden natural y lingüístico, estos grupos buscan restablecer un monocultivo social donde solo existen dos géneros, un tipo de familia y una manera “correcta” de ser. Cualquier desviación de esa norma debe, según su lógica, ser borrada, primero del lenguaje y después, quizás, de la vida pública.

La defensa del lenguaje incluyente es, por tanto, una trinchera en la lucha más amplia por un mundo donde quepamos todos, todas y todes. No es una imposición, sino una invitación a ser más precisos, más empáticos y más justos al hablar. Es un reconocimiento de que el mundo es diverso y nuestro lenguaje debe tener la flexibilidad para reflejar esa realidad.

Permitir que los gobiernos prohíban palabras es un precedente peligrosísimo. Cuando el poder legislativo se ocupa de censurar cómo nombramos nuestra realidad, está dando un paso hacia el autoritarismo. No es “sentido común”; es control. No defienden la “verdad biológica”, sino un orden jerárquico que margina a quien lo cuestiona.

Como sociedad, debemos ver más allá de la cortina de humo. La pregunta no es si nos gusta o no la “e”. La pregunta real es: ¿queremos un país donde grupos anti derechos y conservadores tengan el poder de decirnos cómo existir y cómo nombrarnos, o queremos uno que celebre la diversidad y garantice, sin condiciones, el derecho de cada persona a ser llamada como quiere serlo? La respuesta define el tipo de democracia que aspiramos a ser.