La urgencia de la reforma política

De acuerdo con el comportamiento violento de los partidos políticos minoritarios (PAN y PRI), se hace más indispensable conocer ya la propuesta final de reforma política anunciada desde el pasado 4 de agosto cuando se creó la Comisión Presidencial encargada de tal propósito.

Los actuales partidos opositores han dejado de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. No promueven la participación del pueblo en la vida democrática; su contribución a la integración de los órganos de representación se reduce desde hace siete años a la mentira, la discusión banal y la grosería repetitiva que injuria a los gobernantes confirmando su deslealtad institucional y su preocupante ignorancia supina.

Pero, lo peor: a esos dos partidos no les interesa ya cumplir el papel fundamental que tienen como entidades de interés público, como organizaciones de ciudadanos, es decir, hacer posible de manera pacífica el acceso de estos al ejercicio del poder público.

Es derecho exclusivo de los habitantes mexicanos formar parte de partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. En México está prohibida la intervención de organizaciones extranjeras en la vida de los partidos. Sin embargo, como se confirmó en días pasados varios organismos intervinieron a solicitud de las dirigencias de los partidos minoritarios para convocar desde diferentes sitios del mundo a marchar en contra del grupo mayoritario que gobierna este país de manera legal y legítima desde el sexenio anterior. 

Es grave, muy grave que el presidente del Partido Acción Nacional enarbole, así sea de manera metafórica, la bandera de la violencia política y social para, según él, acabar con quien gobierna ahora.

A los panistas y priistas se les ha olvidado desde hace siete años que legalmente deben abstenerse, en su propaganda política, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas. Ellos aprobaron esa normatividad desde 2014 a la que por su actuación cotidiana ya hicieron a un lado.

El incumplimiento partidista a esa norma, comprobado hasta el cansancio en medios de comunicación de todo tipo, debiese hacer que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral intervenga conforme a sus atribuciones constitucionales y legales puesto que los documentos básicos como son la declaración de principios y programa de acción de esos dos partidos minoritarios ya no son cumplidos por sus dirigencias ni escasos militantes. Por supuesto, lo que están practicando desde hace tiempo son conductas delictivas en materia electoral.

El Consejo General no actúa cuando tiene la atribución de vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.

El PAN y el PRI al reiterar conductas delictivas, entre otras cosas, no entienden la nueva naturaleza del régimen actual. Situados en la añoranza por un pasado político, que no volverá, no comprenden y les resulta complicado aceptar que la validez del orden del Estado mexicano actual descansa en el atrevimiento de una nueva mayoría a la que ya no pertenecen por voluntad popular.

La validez del orden social actual ya no les corresponde a esos organismos partidarios. El ciudadano en libertad responde desde hace tiempo a un nuevo orden mayoritario.

El dominio de Morena y aliados no es ilimitado ni perenne. Por ello, debe valorarse que los mexicanos no tengamos un nuevo partido de Estado, que no haya fraude electoral, que no exista un corporativismo autocrático.

Un nuevo pacto de mayorías y minorías requiere de un nuevo orden legal y cultural de representación y pluralidad política. El Estado liberal es el que descansa de forma y fondo en la democracia. El nuevo orden jurídico político y electoral que se construye para el país, no es ni será compartido por PAN ni PRI, pero si por nuevas fuerzas políticas.

La reforma que se aplicará en las elecciones del año 2027 es impulsada y será aprobada por los mismos que se someten diariamente a las prácticas democráticas. La mayoría política no debe mostrar debilidad ni oscilación, ante la ausencia de esas fuerzas partidistas, pues hay el peligro de carencia de continuidad en la dirección general del Estado. Urge una nueva pluralidad para seguir fortaleciendo la moderna democracia mexicana. Por ello, la transformación de las reglas de competencia se hace cada vez más necesarias.