México: La ruta para entender el lavado de dinero

Para Luis Daniel Martínez, coordinador del Proyecto Disrupción de UNODC, México es referente mundial contra el lavado de activos a pesar de algunos señalamientos, como algunos sectores de Trumpismo, sobre el país. “México es referente en muchísimas prácticas que hemos tenido en temas de trata y en investigación en lavado de activos. La Unidad de Inteligencia Financiera es un referente internacional por las buenas prácticas”

En un salón repleto de funcionarios, especialistas financieros y representantes diplomáticos, la atención no estaba puesta únicamente en los discursos oficiales. El Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos sirvió como marco para que México, El Salvador, Guatemala y Honduras reconocieran una realidad común: el dinero sucio de la trata de personas sigue encontrando puertas abiertas en el sistema financiero.

Al frente del esfuerzo para cerrar esas puertas se encuentra Luis Daniel Martínez Ortega, coordinador del Proyecto Disrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC por sus siglas en inglés)., quien, desde hace más de dos años, dirige uno de los experimentos de cooperación regional más ambiciosos en la materia.

“Con este proyecto hemos trabajado de la mano con las Unidades de Inteligencia Financiera de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para identificar cómo el dinero ilícito, producto de la trata de personas, se inserta en el sistema financiero. Una de nuestras mayores aportaciones fue la generación de tipologías que permiten a los oficiales de cumplimiento detectar operaciones sospechosas”, explica Martínez Ortega, convencido de que los avances no son solo documentos, sino herramientas que deben vivir en la práctica.

El encuentro regional titulado “De la Disrupción a la Construcción”, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC México y UNODC ROPAN) con apoyo de la Embajada de Canadá, reunió a más de 350 personas. Participaron diez instituciones regionales, además de las Unidades de Inteligencia Financiera de los cuatro países.

El Representante de UNODC México, Kristian Hölge, fue claro en su mensaje inaugural: “Investigar el lavado de activos es clave para desmantelar las redes del crimen organizado y frenar la corrupción”. Y el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, añadió: “El lavado de dinero y la trata de personas están profundamente conectados y afectan la seguridad y los derechos de muchas personas”.

Pero detrás de las cifras y las declaraciones diplomáticas, Martínez Ortega detalla lo que ocurre en el terreno: mesas de trabajo en Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco, en las que oficiales de cumplimiento, fiscales, policías financieros y notarios compartieron experiencias sobre cómo circula el dinero ilícito.

“En algunos lugares detectamos que la compraventa de inmuebles es la vía preferida; en otros, negocios que parecen legítimos sirven para dispersar recursos. La diversidad de escenarios nos obligó a diseñar tipologías distintas, pero con un mismo propósito: darles a los oficiales de cumplimiento la capacidad de identificar riesgos desde la primera operación”, explica.

Notarías en la mira

Martínez Ortega insiste en la importancia de los oficiales de cumplimiento, figuras poco visibles para el público, pero esenciales para el sistema financiero. “Ellos son los primeros que pueden notar cuando los recursos ilícitos buscan legitimarse, y su papel es reportarlo a la UIF. Por eso, nuestro trabajo también se enfocó en capacitarlos con metodologías claras y aplicables”, detalla.

En su descripción, el oficial de cumplimiento se convierte en una especie de centinela silencioso: analiza patrones de depósitos, movimientos atípicos y operaciones inmobiliarias que podrían esconder redes criminales. La misión de Disrupción fue, precisamente, dotarlos de herramientas que antes no existían en la región.

El proyecto consiguió identificar 15 tipologías conjuntas de lavado de activos y trata de personas, además de actualizar dos que la UIF mexicana había publicado años atrás. Para Martínez Ortega, estos documentos no son el final, sino el inicio de un proceso. “No basta con identificarlas; necesitamos que se conviertan en prácticas vivas que permeen en todo el sector privado y en la administración pública”, asegura.

Otro de los frentes atendidos fue el de las notarías públicas, actores estratégicos en operaciones inmobiliarias. Según Martínez Ortega, era urgente sensibilizar a este gremio sobre el riesgo de convertirse en vehículos del lavado.

“En muchos casos, los inmuebles se convierten en la vía más rápida para lavar dinero, y ahí es donde los notarios deben estar capacitados para identificar operaciones inusuales. Hemos trabajado con colegios de notarios para generar conciencia sobre la responsabilidad que tienen en esta cadena”, señala.

Aunque la narrativa pública suele concentrarse en México, Martínez Ortega subraya que la apuesta siempre fue regional. Honduras, Guatemala y El Salvador compartieron diagnósticos y contribuyeron a delinear tipologías que reflejan sus propias realidades.

“El dinero de la trata no respeta fronteras. Si en México se cierra una puerta, las redes buscan abrirla en Centroamérica. Por eso la cooperación era indispensable: crear un lenguaje común entre las UIF y los actores privados de los cuatro países”, explica.

Para él, la cifra de más de 350 participantes en los diálogos regionales es significativa no solo por el número, sino porque muestra la voluntad de que las instituciones se reconozcan como parte de un mismo ecosistema. En medio de diplomáticos, representantes internacionales y titulares de oficinas nacionales, Luis Daniel Martínez Ortega se perfila como un operador clave de un engranaje complejo. Su papel no es el del discurso político, sino el de quien traduce la cooperación internacional en prácticas concretas que llegan a bancos, notarías y empresas.

Las 15 tipologías conjuntas son hoy un mapa de las operaciones criminales en la región. Pero para Martínez Ortega, lo importante es que ese mapa no quede archivado, sino que sirva para guiar cada reporte de operación sospechosa, cada alerta temprana y cada investigación financiera.

El Proyecto Disrupción se vuelve, así, el laboratorio en el que confluyen gobiernos, sector privado y organismos internacionales. Y en el centro, un coordinador que insiste en que la verdadera medida del éxito no se encuentra en los comunicados, sino en las señales detectadas a tiempo por los guardianes invisibles del sistema financiero.

El rastro invisible del dinero

Uno de los vacíos más peligrosos para la lucha contra la trata de personas en México no está en las carreteras ni en las fronteras, sino en los registros mercantiles. Al constituir una empresa ante notario público, el accionista queda asentado en un acta, pero lo que determina la propiedad real es el título accionario. Y ese documento no se registra en ninguna institución mexicana. El resultado es un hoyo negro: el gobierno federal no sabe quién controla en realidad miles de empresas que operan en el país.

El especialista lo plantea con crudeza: “Yo no tengo manera de saber quién es el dueño de la empresa que me quiere comprar”. Esa opacidad ha permitido que las redes criminales se muevan con soltura entre sociedades mercantiles, bancos y fideicomisos. Una empresa fachada puede caer por un operativo, pero en cuestión de días surge otra con distinto nombre y nuevos testaferros. Como una hidra, el negocio delictivo se multiplica mientras la cabeza real permanece intocada.

A nivel internacional, la respuesta ha sido la creación de registros de beneficiarios finales, un estándar que obliga a revelar quién es la persona física que obtiene, directa o indirectamente, los beneficios de una compañía. Colombia, por ejemplo, lo ha aplicado con éxito parcial en el combate a la minería ilegal: a través de listados actualizados de beneficiarios finales, las autoridades han podido congelar cuentas y embargar bienes de corporaciones vinculadas al tráfico de oro extraído de manera ilícita.

En México las discusiones apenas comienzan. La UNODC ha promovido reuniones y modelos para concentrar información sobre propietarios reales, pero la implementación todavía está en ciernes. El entrevistado insiste en que el reto no es solo bloquear recursos o recuperar activos, sino identificar quién está detrás de las telarañas financieras que alimentan al crimen organizado. “Podemos detener actores principales, podemos cerrar empresas, pero mientras no sigamos el rastro hasta el beneficiario final, las redes criminales van a seguir levantando nuevas fachadas. Arriba hay alguien que disfruta el beneficio final, y a ese alguien tenemos que llegar”, resume.

El planteamiento refleja un cambio de paradigma: no basta con atrapar operadores visibles ni con infligir golpes mediáticos a las estructuras. El verdadero desafío es penetrar el núcleo de la propiedad corporativa para exponer a los dueños invisibles que sostienen el negocio de la trata y el lavado.

Juventudes como blindaje social

En la lucha contra el lavado de activos y la trata de personas, las nuevas generaciones aparecen como un terreno estratégico y a la vez vulnerable. “Nos ha funcionado muchísimo involucrar a las juventudes”, confiesa el especialista. La estrategia no consiste solo en alertar, sino en enseñar a reconocer las redes antes de que los jóvenes sean captados: “Aguas con las ofertas de trabajo, aguas con el sector donde pisan”. La prevención temprana busca que identifiquen los riesgos y aprendan a protegerse en entornos laborales y financieros que aún desconocen.

El enfoque se vuelve proactivo y pedagógico: se desarrollan campañas de comunicación construidas junto con los jóvenes, con la intención de alcanzar un impacto a nivel nacional y en los países vecinos, como El Salvador, Honduras y Guatemala. La meta no es solo informar, sino empoderarlos para que se conviertan en agentes de cambio. “Si desde las juventudes empezamos a abrirles los ojos, conforme ellos crezcan dentro de sus áreas de acción, tenemos mucha probabilidad de que generen candados que frenen a las redes criminales”, explica.

Detrás de este trabajo hay un entendimiento profundo del modus operandi del crimen: los jóvenes son blanco fácil porque aún no conocen los entramados financieros ni las dinámicas laborales que les permitan detectar riesgos. Algunos son reclutados involuntariamente para abrir empresas o cuentas bancarias, que luego se utilizan para canalizar recursos de manera ilícita. La estrategia, entonces, busca no solo prevenir sino también enseñarles a detectar quién se beneficia finalmente de estas operaciones.

Además, la educación y la concientización temprana permiten que los jóvenes comprendan que no solo se trata de delitos visibles, sino de estructuras complejas de lavado de dinero que sostienen la trata. En sus manos está la posibilidad de interrumpir el flujo financiero antes de que llegue al núcleo de los beneficiarios finales, ese punto crítico donde el dinero ilícito se convierte en poder y perpetúa la explotación.

Este enfoque reconoce que las juventudes no son solo un público objetivo, sino también un aliado estratégico para desactivar las redes desde su base. Convertir el conocimiento en prevención se traduce en un blindaje social que busca frenar la captación, reducir la vulnerabilidad y, finalmente, cortar la cadena que alimenta la trata de personas y el lavado de activos.