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  • 06 Jun 2025
  • 09:06
  • SPR Informa 6 min

Descarbonizar el transporte: una decisión política

En la hora presente de la historia nacional, hablar de transporte es hablar de destino. El modelo de movilidad impuesto por décadas ha tenido un alto costo para el país: aire tóxico en las ciudades, horas perdidas en embotellamientos, un sistema de transporte desigual, caótico y contaminante. Además de configurar una estructura de movilidad construida desde la lógica del beneficio privado, y no del bienestar colectivo.

México se encuentra entre los diez países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, y el sector transporte es responsable de más de 148 millones de toneladas de CO₂ cada año. No es un dato menor: en el combate al cambio climático, el transporte es campo de batalla central y la urgencia es ineludible. Los compromisos internacionales (como el Acuerdo de París de 2015) marcan metas claras: reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 y eliminarlas completamente en 2050. La pregunta no es si debemos hacerlo, sino cómo y desde dónde. 

En esta coyuntura, la descarbonización del transporte público no puede entenderse como un simple ajuste técnico, ni como una tendencia de mercado. Se trata de una decisión política estructural. Apostar por el transporte eléctrico –sustentable, accesible, público– es asumir que la movilidad no debe seguir secuestrada por el automóvil privado, por el lucro de algunos cuantos o por la inercia neoliberal que convirtió las ciudades en zonas de sacrificio.

La buena noticia: México no parte de cero. El país es el séptimo productor mundial de vehículos, y durante 2024 se vendieron más de 124 mil unidades eléctricas e híbridas, lo que representa ya 8.3% del total de autos ligeros vendidos. Tenemos industria, talento e infraestructura. Lo que faltaba era visión.

Con el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la creación del primer vehículo eléctrico estatal, Olinia, se inaugura una nueva etapa. Ya no se trata solo de comprar autos eléctricos, sino de crear una política nacional de electromovilidad: producir, innovar, generar empleos e infraestructura desde el interés público. A eso se suma el impulso al sistema ferroviario eléctrico, la inversión en transporte intermodal y la apuesta por democratizar el acceso a la movilidad sustentable.

El cambio verdadero reside en desplazar el eje de la movilidad hacia el transporte público: autos y autobuses eléctricos, redes bien conectadas, tarifas justas y sistemas seguros. Al mismo tiempo, aplicar estímulos fiscales para vehículos eléctricos de producción nacional, como ya ocurre en otros países en el extranjero. Más que una aspiración utópica, es una política pública viable, necesaria y sobre todo, urgente. 

La descarbonización del transporte es parte de una visión más amplia: la justicia climática como política de Estado. En ella se cruzan los derechos de las futuras generaciones, el derecho a la ciudad, la soberanía energética y el desarrollo tecnológico. Hoy más que nunca, el país necesita transitar hacia un modelo de movilidad sustentable. Lo que está en juego no es solo el clima: es la movilidad como derecho, no como sentencia.